El Congreso del Estado aprobó este miércoles el paquete económico del estado para el ejercicio fiscal 2023 por un monto de 71 mil 673 millones 189 mil 153 pesos. Con lo cual se sientan las bases para elevar el bienestar social y propiciar el desarrollo de los sectores productivos en la entidad.
En el marco de la clausura del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio Constitucional, el Presupuesto de Egresos resultó aprobado con cambios planteados por el Diputado Isidro Vargas Fernández. Entre los que destacan la diminución del 3 y 9 por ciento en distintos rubros del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado. Así como de un 20 por ciento del total del presupuesto autorizado al Tribunal Electoral de Tamaulipas por no ser año electoral.
Entre otros cambios aprobados por el Pleno Legislativo, se encuentran ajustes a la partida de gratificaciones del Supremo Tribunal de Justicia. Además, se destinó el uno del tres por ciento del Impuesto sobre la Nómina al rubro de seguridad pública.
Ponen restricciones a titulares de la Administración Pública
Asimismo, derivado de las modificaciones propuestas, se estableció que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, no podrán contratar seguros de gastos médicos mayores.
La Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, planteó adicionar un artículo transitorio para que la Secretaría de Finanzas apruebe a más tardar el día15 de enero, la propuesta para la constitución del fideicomiso del Fondo de Capitalidad y reglas de operación, que antes deberán darse a conocer a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso para su debida revisión y acuerdos.
Asimismo, se aprobó la ley de Ingresos, así como la miscelánea fiscal que se conforma por la Ley de Hacienda y de Coordinación Fiscal, efectuándose cambios planteados por el legislador Javier Villarreal Terán para derogar lo relativo al tema de impuestos por emisión de gases a la atmosfera, entre otras propuestas.
Lo anterior, detalló que, desde la creación de esta contribución como derechos, diversos contribuyentes impugnaron su legalidad ante órganos del Poder Judicial de la Federación, además, se dejaron de percibir ingresos federales que son mayores a lo que pretendían recaudar.
Al participar en este debate, el legislador Mon Marón refirió que este impuesto se implementó para las empresas que dañan el medio ambiente, así como la salud de las familias, “No se debe quitar este impuesto, hay que cobrarle a quienes contaminan y destinarlo a niños con cáncer, madres que sufren enfermedades terminales y no tienen medicamento para comprar, entre otros temas de salud”, expresó.