CDMX.-La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal ha pedido a la Corte que anule los acuerdos que permitieron que la demanda fuera presentada y que ordenaron la suspensión de los efectos de la reforma electoral, también conocida como ‘Plan B’. Según la presidencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debería haber admitido la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) porque el artículo 105 de la Constitución prohíbe el trámite de controversias constitucionales contra leyes electorales. En su recurso, la Consejería Jurídica señaló que el otorgamiento de la suspensión solicitada por el INE va en contra de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que establece que «la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales».
La Consejería Jurídica también recordó que la Segunda Sala de la Corte negó la suspensión de la ley electoral que modificaba la organización administrativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en 2022 porque se trataba de una norma general que «no puede ser materia de suspensión en una controversia constitucional». Además, la resolución determinó que la modificación administrativa al IECM no amenazaba la funcionalidad de nuestro régimen democrático, y los derechos laborales de los trabajadores del IECM están a salvo.
El Ejecutivo federal afirmó que nunca se había registrado la suspensión de la vigencia de cuatro leyes por la unilateralidad de un solo ministro de la Corte, lo que viola la división de poderes. También indicó que el Poder Judicial tiene límites en su actuar, que están enunciados expresamente en la Constitución y las leyes que emite el Poder Legislativo, y espera que el máximo tribunal constitucional revoque la admisión y suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión para preservar los equilibrios entre los Poderes de la Unión.