CDMX.-La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha rechazado cualquier modificación al marco jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que afecte negativamente a la justicia electoral o a los órganos jurisdiccionales encargados de impartirla. El Colegio de Abogados ha reconocido al Tribunal Electoral como un tribunal especializado que garantiza los derechos políticos y electorales, y como una institución fundamental para la democracia mexicana.
En un comunicado, el Colegio de Abogados ha expresado su posición sobre la propuesta de reforma constitucional que actualmente se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales. Según el Colegio, la propuesta de reforma pretende evitar que el Tribunal Electoral intervenga en cuestiones relacionadas con la adopción de acciones afirmativas para grupos vulnerables en los partidos políticos, procesos de selección de dirigencias partidistas y temas electorales que son del conocimiento del legislativo.
Los abogados consideran que la reforma de carácter disciplinario busca limitar las actuaciones de las salas del Tribunal Electoral al desplazar los diversos métodos interpretativos que se utilizan para dar sentido al texto constitucional y legal. Estos cambios legislativos atentan contra la autonomía e independencia judicial, así como contra los derechos humanos de los mexicanos.
La iniciativa busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reformando los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. La propuesta faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas. También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, considera que la iniciativa busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus documentos internos las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Esto significa que los partidos fijarán la forma en la que cumplen con los preceptos constitucionales, mientras que el Tribunal ya no podrá pronunciarse y deberá respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos.