TAMAULIPAS.-El Congreso de Tamaulipas ha propuesto contratar a una empresa privada para fiscalizar las cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ya que actualmente la ASE se revisa a sí misma en la administración del presupuesto público, lo que hace que sea juez y parte de este procedimiento. La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y de extracción morenista, ha propuesto agregar la fracción onceava al artículo 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, debido a la falta de un organismo que supervise el uso de los recursos de la ASE.
Según la diputada, la falta de fiscalización externa no es saludable para la transparencia y rendición de cuentas, ya que sería imposible que la propia entidad realice observaciones en caso de encontrar situaciones irregulares en el ejercicio de su propio gasto. En 2022 se asignaron 102 millones 388 mil 586 pesos a la ASE, pero se desconoce si la propia entidad realizó observaciones, recomendaciones o abrió procedimientos por malos manejos del presupuesto público. Para 2023, el presupuesto del organismo fiscalizador aumentó a 106 millones 657 mil 305 pesos.
La propuesta es que las irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización se notifiquen a la Contraloría del Congreso para que se apliquen sanciones y se remitan a la Fiscalía cuando corresponda. El Congreso podrá utilizar su propio personal para solicitar información para el proceso de fiscalización o contratar servicios de auditoría externos con el fin de verificar que los recursos públicos se hayan utilizado de acuerdo con los programas y montos autorizados, con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables y para verificar el cumplimiento de los objetivos de la fiscalización establecidos en la Constitución Política local.