TAMAULIPAS.- «En Tamaulipas nadie quiere ser agente del Ministerio Público», ha declarado el fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, destacando una grave problemática en el estado mexicano. El rechazo al cargo se debe en gran medida al escaso salario que reciben los funcionarios públicos y a los riesgos inherentes al puesto.
Ramírez Castañeda ha evidenciado la situación crítica al explicar: “Si usted le dice a un abogado, ‘vente a trabajar por 25 mil pesos mensuales y trabaja en 500 carpetas de investigación, lo que significa que se echarán 500 enemigos’, por supuesto que no aceptarán”. Como resultado de estas circunstancias, Tamaulipas está enfrentando un déficit severo de agentes del Ministerio Público.
Este déficit es especialmente notorio en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que actualmente cuenta con solo un agente del Ministerio Público de los nueve que tenía hace pocos meses. Los otros ocho agentes han renunciado. «Se fueron porque eran recién egresados y se van a dónde les pagan mejor», mencionó el fiscal.
Recientemente, Ramírez Castañeda solicitó más agentes a la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero la respuesta fue que no disponían de personal y debería esperar a que se graduara una nueva generación.
El declive en el número de fiscales titulados es evidente. Datos de la Universidad de Justicia y Seguridad Pública revelan que en 2018 egresaron 38 agentes del Ministerio Público; en 2019, 40; en 2020, no hubo egresados; en 2021, fueron 28; y en 2022, 30. «Y hay que decir que esos son para toda la Fiscalía General de Justicia», enfatizó el fiscal.
Según Ramírez Castañeda, la falta de agentes del Ministerio Público está impidiendo el progreso en la integración de carpetas de investigación, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar la crisis en Tamaulipas.