TAMAULIPAS.-En un giro sorprendente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Hernández Chavarría, y el fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, se encuentran envueltos en un escándalo de corrupción mutuamente acusándose de actos ilícitos.
La controversia surgió cuando Hernández Chavarría presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, alegando el robo de más de 50 bienes muebles pertenecientes a la UIFE, directamente vinculados al actual fiscal Anticorrupción, Ramírez Castañeda. Estos bienes incluyen equipos de cómputo, mobiliario de oficina y valiosa información administrativa, desaparecidos durante el proceso de entrega-recepción.
En respuesta, Ramírez Castañeda difundió un video en el que se defiende de las acusaciones y afirma que no se dejará intimidar por presiones para abandonar su cargo. El fiscal Anticorrupción calificó a Hernández Chavarría como un «mensajero nefasto» y aseguró que la ley y la razón están de su lado, rechazando cualquier implicación en actos ilícitos.
La denuncia presentada por el equipo de la UIFE señala a Ramón Vasconcelos Álvarez, ex titular de la unidad, y al propio fiscal Raúl Ramírez Castañeda, quien ocupó el cargo de jefe de la UIFE hasta septiembre de 2021. Los posibles responsables enfrentarán cargos relacionados con el uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y abandono de funciones públicas.
Hernández Chavarría afirmó que la denuncia es una descripción de los hechos que podrían constituir delitos, dejando a la Fiscalía la determinación de la existencia de responsabilidades. Además, estimó que, debido a la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas, se espera que dentro de tres meses comiencen las audiencias ante un juez de control para los presuntos culpables. Sin embargo, aclaró que el inicio de este proceso depende de la carga de trabajo de la Fiscalía.
Por su parte, Ramírez Castañeda reafirmó que su designación como fiscal Anticorrupción fue resultado de un proceso transparente y manifestó su negativa a renunciar. Cuestionó el hecho de que, a pesar de haber dejado el cargo en la UIFE en septiembre de 2021, no ha recibido ninguna notificación sobre irregularidades ni ha sido vinculado a delitos hasta ahora. Consideró las acusaciones actuales como trivialidades, refiriéndose a ellas como la búsqueda de «sillas, clips, lápices y demás material de oficina».