TAMAULIPAS.- El sistema de procuración de justicia en Tamaulipas continúa siendo uno de los más deficientes del país, lo que lleva a que solo se denuncie el 0.1 por ciento de los delitos, generando una impunidad flagrante.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Marco Antonio Gallegos Galván, ha denunciado esta situación a través de una iniciativa de punto de acuerdo, destacando que los ciudadanos prefieren no denunciar debido a que consideran que es una pérdida de tiempo, además del trato prepotente que reciben en las agencias del Ministerio Público.
Ante esta problemática, el diputado de Morena propuso un exhorto al fiscal general de justicia del estado, Irving Barrios Mojica, para que implemente acciones que garanticen un trato amable y respetuoso a las víctimas de delitos.
El diputado mostró preocupación ante el hecho de que el 99.9 por ciento de los delitos no sean denunciados, lo que coloca a Tamaulipas como la entidad con el mayor índice de impunidad en el país, según señala la organización no gubernamental «México Evalúa».
«La razón principal por la cual las víctimas no denuncian los delitos ante las autoridades se debe a causas atribuibles a la autoridad, con un 59.9%, destacando la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad», apuntó Gallegos Galván.
Además, cada día aumentan las quejas ciudadanas por el mal trato que reciben en las agencias del Ministerio Público, sumándose a la lentitud en la integración de las carpetas de investigación.
La principal queja de las víctimas es la demora para formalizar la denuncia. «Muchos ciudadanos se quejan de largas esperas e incluso en algunos casos se les pide que regresen al día siguiente, especialmente los fines de semana», mencionó el diputado.
Los afectados también denuncian la prepotencia, altanería y mal trato por parte del personal en las agencias del Ministerio Público, siendo tratados como si estuvieran solicitando un favor y demostrando una falta total de conocimiento de los derechos humanos.
Además, señalan que en ningún momento se les asigna un asesor legal, lo cual puede ser comprobado revisando el expediente. En aquellos casos en los que sí se asigna un asesor, rara vez se encuentra disponible o los atiende de mala gana, lo que deja a las víctimas enfrentando el proceso sin asesoría, a pesar de ser un derecho constitucional.
Lo más preocupante es que el Ministerio Público tarda meses, e incluso años, en integrar y judicializar las carpetas de investigación, lo que obliga a las víctimas a presentar amparos.