REYNOSA.- El Ayuntamiento de Reynosa, encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortíz del partido Morena, ha sido señalado por sobrefacturar la compra de cámaras portátiles de video destinadas al uso de los agentes de Tránsito. Según información revelada, se pagaron más de 51 mil pesos por cada una de las cámaras, mientras que en tiendas en línea su valor individual es de alrededor de 12 mil pesos, aproximadamente 600 dólares en Estados Unidos.
Al menos 40 cámaras fueron adquiridas a un precio considerablemente superior al valor de mercado, lo que representa un aumento de más del 400 por ciento. Estos equipos fueron entregados a mediados de mayo pasado a todos los efectivos de vialidad, junto con 20 cámaras adicionales sin geoposicionador satelital, las cuales tuvieron un costo menor.
El evento de entrega de las cámaras se llevó a cabo en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ubicadas en el bulevar Morelos de la colonia Rodríguez. Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Peña Ortíz habló sobre los objetivos del programa, pero no proporcionó información sobre el costo de cada uno de los dispositivos ni sobre el proveedor de los mismos.
«He visto errores y también abusos; hay quienes se quieren victimizar y hasta a machetazos han querido agredir a varios de ustedes. A través de la tecnología, podemos generar más confianza con los ciudadanos», expresó el alcalde durante el evento, según se menciona en el boletín de prensa difundido a los medios de comunicación.
Esta revelación ha generado críticas y cuestionamientos hacia la administración municipal, ya que la compra de las cámaras a un precio exorbitante representa un uso inadecuado de los recursos públicos. Además, se plantean interrogantes sobre el proceso de contratación y la transparencia en la adquisición de estos equipos.
Se espera que las autoridades correspondientes investiguen este caso de sobrefacturación y aclaren los motivos detrás de esta compra a un precio tan elevado. La ciudadanía demanda transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales para garantizar un uso responsable de los recursos públicos y prevenir prácticas que perjudiquen el erario.