TAMAULIPAS.-La contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, reveló hoy que el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas ha deshabilitado a dos exfuncionarios públicos debido a presuntos actos de corrupción. Ambos exfuncionarios ocupaban cargos directivos en organismos públicos descentralizados, pero por el momento se reservan sus nombres debido a que se encuentra en curso un proceso legal en su contra.
«En el proceso de investigación administrativa, se han identificado faltas graves y algunos casos se han turnado al Tribunal de Justicia Administrativa», señaló Pedraza Melo.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas establece que se consideran faltas graves los actos de soborno, participación ilícita en procesos administrativos, tráfico de influencias, manejo de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida.
La deshabilitación de estos exfuncionarios es el resultado de los 167 expedientes abiertos durante el proceso de entrega-recepción que comenzó a finales del año pasado, tras la asunción de la nueva administración estatal.
De esos expedientes, 52 se convirtieron en denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), las cuales deben ser remitidas a la Fiscalía Anticorrupción para iniciar las investigaciones correspondientes y judicializar cada uno de los casos.
«Corresponde a la Fiscalía atender el proceso de esas denuncias que hemos presentado, pero en cuanto a las presuntas faltas o delitos identificados, se han recopilado elementos y los titulares de las dependencias y entidades han presentado oficios ante la Fiscalía local», explicó Pedraza Melo.
Además de la investigación judicial, la Contraloría está llevando a cabo investigaciones administrativas para determinar si se cometieron faltas administrativas graves o no graves durante el desempeño de los cargos públicos.
«La Fiscalía se encarga de los presuntos delitos y tiene sus propios procesos, mientras que la Contraloría es responsable de la investigación administrativa y de sancionar las presuntas faltas administrativas», añadió Pedraza Melo.
En cuanto a los plazos, la Contraloría y la Fiscalía local tienen tiempos definidos para acreditar y comprobar los delitos presuntamente cometidos por los funcionarios públicos. En las faltas no graves, el plazo de prescripción es de tres años, mientras que en las faltas administrativas graves es de siete años.
«Hasta el momento, hemos inhabilitado a dos exfuncionarios de entidades públicas u organismos públicos descentralizados. También hemos emitido siete amonestaciones y seguimos trabajando, ya que la Contraloría sanciona las faltas no graves», concluyó Pedraza Melo.