REYNOSA.-La Administración Municipal de Morena, encabezada por Carlos Peña Ortiz, se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de 40 cámaras corporales para los elementos de Tránsito y Vialidad en Reynosa. La diputada local por el PAN, Myrna Flores Cantú, exigió que se detengan estas supuestas prácticas corruptas en el Ayuntamiento morenista.
El último caso documentado se refiere a la adquisición de cámaras de video vigilancia corporales, donde se informó que se gastaron más de 2 millones de pesos en solo 40 unidades. Estas cámaras, fabricadas por la empresa «Hytera» y del modelo VM780, tienen un precio de referencia en su página de internet de tan solo 4,865 pesos cada una. Según este precio, la suma total por las 40 cámaras ascendería a 194,600 pesos.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Reynosa, afiliado a Morena, reportó que se realizó un gasto de alrededor de más de 2 millones de pesos, es decir, cada cámara se adquirió por 51,102.13 pesos, diez veces más su valor de mercado.
«Las 40 cámaras ‘Body Cam’ tuvieron un costo unitario de 51,102.13 pesos, por lo que el costo total, según el informe oficial de Zulema González, fue de 2 millones 44,08 pesos», precisó la diputada.
Flores Cantú afirmó que este caso es un claro ejemplo de abuso y corrupción, ya que se pagaron diez veces más del valor original de mercado, generando un detrimento económico para la ciudad. En respuesta, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentará un recurso de acción penal contra los responsables de esta situación.
Las cámaras fueron entregadas a los elementos de Tránsito y Vialidad en mayo pasado como parte de un paquete de seguridad que incluye equipos de vigilancia, detección, circuitos integrados e incluso un escritorio, con un gasto total de 11 millones 965,000 pesos.
La información oficial sobre esta compra se obtuvo a través de la plataforma de transparencia y fue proporcionada por la secretaria de Servicios Administrativos local, Zulema González.
La investigación en curso buscará determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que los presuntos actos de corrupción no queden impunes, ya que representan un perjuicio para el patrimonio de la ciudad.