En medio de un crecimiento de la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), bajo la dirección de David Colmenares, ha experimentado una marcada disminución en la realización de auditorías forenses. Estas auditorías se definen como «una revisión rigurosa y pormenorizada de procesos, hechos y evidencias, con el propósito de documentar la existencia de un presunto acto irregular».
Entre 2019 y 2022, la ASF realizó la menor cantidad de auditorías forenses en los últimos diez años. Bajo la administración de Colmenares, se han realizado menos de 10 auditorías por año, en comparación con las 10 a 15 auditorías realizadas anualmente bajo el liderazgo del auditor anterior, Juan Manuel Portal. Según la revisión del Programa Anual de Auditorías de 2013 a 2022, no se realizó ninguna auditoría forense en 2021.
En muchos casos, las auditorías forenses son la antesala a una denuncia penal que la ASF puede presentar si encuentra evidencia de un presunto delito. Sin embargo, en los últimos cinco años, las denuncias penales se han centrado principalmente en irregularidades de la administración anterior. La única denuncia presentada contra el gobierno actual es el desvío de fondos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuyo exdirector, Ignacio Ovalle, todavía ocupa un cargo público como jefe del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El plan de auditorías de la Cuenta Pública de 2022 contempla la realización de 10 auditorías forenses, pero ninguna de ellas será dirigida al gobierno de López Obrador. Las auditorías se centrarán únicamente en los estados que recibieron fondos de la Federación para la construcción de infraestructura social y participaciones federales. Esta será la primera vez en una década que no se realizará ninguna auditoría forense a ninguna área del gobierno federal en funciones.