La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emprendido una búsqueda exhaustiva de empresas que han sido sancionadas y que intentan eludir las consecuencias al operar bajo nuevas razones sociales en el sector salud.
Roberto Salcedo Aquino, titular de la dependencia, reveló que se está preparando una iniciativa de reforma con el objetivo de poner un alto a este tipo de prácticas y evitar que proveedores inhabilitados se beneficien de licitaciones, invitaciones y adjudicaciones.
El Secretario de la Función Pública explicó que algunas empresas recurren a tácticas dilatorias, como amparos, para retrasar la entrada en vigencia de las sanciones impuestas en su contra.
«Con el fin de contrarrestar esta situación, la Secretaría de la Función Pública revisa minuciosamente la documentación de los licitantes para detectar cualquier anomalía o simulación que permita a los inhabilitados participar de manera encubierta en los procesos de contratación», señaló.
Salcedo Aquino también informó que se encuentra en estudio un proyecto de reforma legislativa que permitirá identificar de manera efectiva y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas. Esto facilitará la evaluación y evitará la evasión de sanciones impuestas.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de la Función Pública destacó el compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción y aseguró que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación del sector salud.