El Instituto Nacional Electoral (INE) está considerando incrementar la fiscalización de la financiación y el gasto proselitista de los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México. No solo se contabilizaría la propaganda en vía pública o en mítines, sino también gastos de alimentación, traslado, hospedaje de los aspirantes y el personal que los apoya.
Además, se contempla una aportación total a cada contendiente de 10.7 millones de pesos, de los cuales el aspirante podrá aportar 2.1 millones y sus simpatizantes 537 mil individualmente. También se propone restricciones para las aportaciones de personas morales.
El objetivo es que todos los gastos de los contendientes, ahora denominados «personas inscritas en los procesos internos», sean contabilizados como gastos de precampaña. De sobrepasarse estos límites, podría llegar a cancelarse el registro si son electos candidatos.
Se establecerán límites para la participación de servidores públicos y se requerirá que los partidos políticos se involucren en la financiación de sus aspirantes, siendo ellos los que contraten ciertos servicios.
El proyecto de lineamientos para regular estos procesos internos se discutió ayer y se espera su aprobación este miércoles o a más tardar el jueves.
La propuesta obligaría a los partidos y a las «personas inscritas» a seguir procedimientos de fiscalización similares a los de un proceso de precampaña o campaña, registrando sus gastos en el sistema tres días después de efectuar una contratación.
La prohibición se extiende a la entrega de cualquier material en eventos o a simpatizantes que ofrezca algún beneficio directo o indirecto, ya sea en especie o en efectivo.
En lo que respecta a la publicidad, el INE exigirá a los partidos que retiren cualquier publicidad que no cumpla con las reglas y, si no lo hacen, la autoridad retirará la publicidad y cobrará los gastos al partido.
Los aspirantes también están prohibidos de promoverse para un cargo en 2024, ofrecer propuestas de gobierno y discutir cualquier tema electoral.
Las limitaciones para los servidores públicos han generado controversia, ya que se insiste en que estos funcionarios deben garantizar neutralidad. Podrán asistir a eventos de proselitismo político en días inhábiles, y en el caso de los legisladores, pueden acudir en horarios hábiles siempre y cuando no se distraigan de sus obligaciones.
Este endurecimiento en las regulaciones busca promover una mayor transparencia y equidad en el proceso electoral, garantizando que todos los aspirantes cumplan con las mismas reglas.