El Gobierno y la Fiscalía General de Veracruz han expresado su preocupación y desaprobación ante lo que consideran excesos de jueces y magistrados federales en la liberación de presuntos delincuentes. En los últimos 10 días, jueces federales han ordenado la liberación de 33 personas acusadas de crímenes graves, utilizando argumentos legales que, según las autoridades estatales, son inadecuados.
El Gobernador Cuitláhuac García se pronunció enérgicamente contra estas acciones desde el Palacio de Gobierno, afirmando que los jueces federales han «vulnerado los derechos de las víctimas» y han protegido a los delincuentes. Además, exigió que no se siga tolerando estos excesos que generan nuevas injusticias contra las víctimas.
Esta situación se destaca luego de que una juez federal ordenara la libertad de la juez local de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, y que otro Juzgado federal solicitara una nueva audiencia para el ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.
Las autoridades estatales insisten en que estos no son casos aislados, y que representan una clara muestra de corrupción y opacidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Los delitos en cuestión incluyen homicidios, pederastia, violación y secuestro.
La Fiscal estatal Verónica Hernández y la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre también expresaron su preocupación por lo que consideran un «excesivo otorgamiento» de suspensiones provisionales contra la prisión preventiva.
Margarita Corro, presidenta del Congreso de Veracruz, acusó a los jueces y magistrados federales de permitir que la corrupción y los intereses económicos y políticos predominen, lo que ha llevado a la liberación inmediata de imputados en delitos de gran impacto social.
La tensión entre las autoridades estatales y federales en Veracruz subraya una compleja situación judicial y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los derechos de los acusados y la protección de las víctimas en el proceso legal.