Tamaulipas será ejemplo de un nuevo modelo de justicia, en el que la infancia sea protegida de manera integral y en la que el Estado tenga las herramientas necesarias para castigar a quienes se atrevan a vulnerar la inocencia de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es tiempo de hacer lo correcto, es tiempo de actuar con el corazón del pueblo y con la responsabilidad que nos otorga el mandato popular, afirmó la diputada Magaly Deándar Robinson.
Afirmó que legislar con perspectiva de infancia y adolescencia no es una opción, es un deber moral y político. No podemos permitir que los derechos de nuestros niños sigan estando sujetos a interpretaciones limitadas de la ley.
Y esta reforma garantizará que ninguna niña o niño vuelva a ser arrancado de su hogar sin que haya justicia.
Esto dice la reforma: El robo de niñas, niños o adolescentes lo comete el que se apodere de una persona menor de dieciocho años de edad, de cualquier sexo, sin derecho y sin consentimiento de sus padres o de quienes legítimamente lo tengan en su poder.
Este delito se castigará con pena de siete a veintidós años de prisión y multa de cuatrocientas a mil quinientas unidades de medida y actualización.
Cuando por consecuencia del robo de la niña, niño o adolescente, ésta o éste resultare afectada o afectado en su integridad física, se aumentará la pena de un año siete meses a cinco años cinco meses y la multa de cien a trescientos setenta y cinco unidades de medida y actualización,independientemente de las que pudieren resultar por la comisión de cualquier otro delito.
Deandar Robinson, explicó que esta reforma contribuirá a la construcción de un entorno más seguro para la infancia, donde se refuerce la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y se garantice su bienestar integral.
Por último añadió, «Sabemos que los niños y niñas son el corazón de nuestro Estado y nuestra nación. No podemos permitir que la indiferencia y la omisión sigan siendo cómplices del dolor de tantas familias que han sido víctimas de la sustracción de niñas, niños y adolescentes. Es nuestra obligación como representantes del pueblo garantizar un marco legal que proteja a la infancia de manera efectiva.
El pueblo nos otorgó su confianza para transformar el sistema de justicia, para acabar con la impunidad y para poner en el centro de las políticas públicas a quienes más lo necesitan.
«No legislar sobre este tema es cerrar los ojos ante una realidad lacerante. Es el momento de demostrar que nuestro compromiso con el pueblo es real y tangible»