Carlos Alberto Escobedo Yáñez, Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, con sede en Reynosa, negó la protección de la justicia.
Ciudad de México.–
El Poder Judicial Federal asestó un nuevo revés al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, luego de que un juez federal negara el amparo promovido por él y cuatro de sus familiares contra la orden de aprehensión librada por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La resolución fue dictada por Carlos Alberto Escobedo Yáñez, Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, quien determinó que el mandamiento judicial cumple con los requisitos constitucionales y legales, por lo que no procede la protección de la justicia federal.
Además del exmandatario estatal, el fallo adverso alcanza a su esposa Mariana Gómez Leal; a su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca; a su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; así como a Evelyn Aimee Rodríguez Garza, esposa del exsenador Ismael García Cabeza de Vaca. Todos ellos permanecen evadidos de la justicia, de acuerdo con el estatus procesal.
En su argumentación, el juzgador sostuvo que en esta etapa procesal el estándar de prueba es deliberadamente bajo, pues basta la existencia de indicios razonables expuestos por el Ministerio Público para justificar la orden de captura, sin necesidad de una demostración concluyente de los hechos.
Respecto a Ismael García Cabeza de Vaca, el trámite del amparo fue cancelado, al acreditarse que no existe actualmente una orden de aprehensión en su contra.
Si bien la negativa de amparo no representa una resolución definitiva, al existir la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, el fallo debilita la estrategia legal del grupo político vinculado al cabecismo, que en los últimos años ha enfrentado múltiples procesos judiciales a nivel federal.
De acuerdo con los antecedentes, el 14 de febrero de 2024 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez ordenó la aprehensión de los imputados por delincuencia organizada y lavado de dinero, sumándose el delito de defraudación fiscal equiparable en el caso del exgobernador y su hermano José Manuel.
La Fiscalía General de la República incluyó en la imputación información ya contenida en la primera orden de aprehensión emitida en 2021, entre ella señalamientos sobre un presunto patrimonio millonario acumulado en Estados Unidos, así como operaciones financieras por más de 42 millones de pesos, vinculadas a la venta de un inmueble en Santa Fe.